Después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no logró consenso este año, en medio de disputas políticas entre “evistas” y “arcistas” del MAS, y ante el riesgo de que pudiera darse un vacío de poder, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó este martes, por unanimidad, la prórroga del mandato de las actuales autoridades judiciales y exhortó a los asambleístas a que, “de manera inmediata”, procedan con la preselección de los candidatos a las elecciones pendientes.
Su declaración constitucional se hizo pública cerca del mediodía de este martes y “dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del TCP entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. La leyó el magistrado relator Yván Espada en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de ocho de los nueve magistrados, pues la tribuna Karem Gallardo se encuentra de viaje, en comisión.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&us_privacy=1—&client=ca-pub-9297260663371769&output=html&h=280&adk=3044653784&adf=1219400673&pi=t.aa~a.1398692503~i.3~rp.4&w=683&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1702465467&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=4810955254&ad_type=text_image&format=683×280&url=https%3A%2F%2Fcorreodelsur.com%2Fseguridad%2F20231213_tcp-asamblea-debe-cumplir-su-mandato-y-encaminar-las-judiciales.html&ea=0&fwr=0&pra=3&rh=171&rw=682&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1702465466694&bpp=1&bdt=1138&idt=1&shv=r20231207&mjsv=m202312050101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dfed2bef1d64314d7%3AT%3D1701346900%3ART%3D1702465457%3AS%3DALNI_Ma7ZpNzFD2ui_JiWoLrWawNd3i3eg&gpic=UID%3D00000a02049ed952%3AT%3D1701346900%3ART%3D1702465457%3AS%3DALNI_MaDXwjM1RkdGMuNz9Tcw6NYQatQAQ&prev_fmts=0x0%2C120x600%2C120x600%2C950x280%2C208x600&nras=2&correlator=3342914792429&frm=20&pv=1&ga_vid=1998450218.1701346900&ga_sid=1702465466&ga_hid=1938010548&ga_fc=1&u_tz=-480&u_his=9&u_h=982&u_w=1512&u_ah=889&u_aw=1512&u_cd=24&u_sd=2&adx=286&ady=1505&biw=1491&bih=809&scr_x=0&scr_y=168&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C31079437%2C31079759%2C31079921%2C31080103%2C95320868%2C95320885&oid=2&pvsid=925711012067067&tmod=1190073950&uas=1&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fcorreodelsur.com%2F&fc=1408&brdim=6%2C39%2C6%2C39%2C1512%2C38%2C1506%2C889%2C1506%2C809&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=8&uci=a!8&btvi=2&fsb=1&dtd=610
En sus primeras disposiciones, los magistrados declararon la constitucionalidad del artículo 2 y de la Disposición Sexta Transitoria del proyecto de Ley 144 de Elecciones Judiciales, que fue motivo de consulta por parte del TSJ, luego de que fuera aprobado en el Senado. Posteriormente, declararon como inconstitucionales varios artículos y disposiciones de esa propuesta legislativa.
“NO SE PUEDE”
“No se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición, a partir del 2 de enero, de estas instancias máximas de administración de justicia; es decir, los funcionarios subalternos no tienen la atribución, quienes están revestidos de esas atribuciones y prerrogativas para desarrollar estas funciones son las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional”, justificó Espada.
Además, explicó que tampoco pueden quedar suspendidos los plazos procesales: “No se puede suspender el servicio de justicia, no se puede suspender el ejercicio de los derechos del pueblo boliviano como el acceso a la justicia y el debido proceso”.
“DE MANERA INMEDIATA”
“Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en cuanto a la preselección de las candidatas y los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera inmediata por el carácter excepcional y temporal ya establecido”, dice también la disposición de los magistrados.
Al respecto, Espada agregó que “este tribunal tiene la predisposición de asistir, además del marco de sus atribuciones, a cualquier instancia que se genere para materializar la elección de las autoridades judiciales”.
Previamente a la declaración constitucional y después, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, puso sus reparos al proyecto de ley impugnado porque, en su criterio, “vulneraba varios derechos como el acceso a la justicia” y pretendía “generar una vacancia y un vacío de poder encargando al personal subalterno que se haga cargo de la transición hasta que se hagan las elecciones judiciales”.
El jueves pasado, reiteró que ni la ALP ni el Órgano Judicial tienen facultades para designar magistrados y que estos tampoco podrían ser reemplazados con autoridades interinas, tal como propusieron asambleístas a través de una ley corta.
Carlos Mesa: El 2 de enero deben irse a su casa
«El Tribunal Constitucional acaba de darle un golpe a la democracia, al estado de derecho, a la Constitución. Ha decidido autoprorrogarse en un mandato que de acuerdo a la Carta Magna termina el 2 de enero del año 2024. Esta decisión espuria, ilegal, nula de Pleno Derecho, es y debe ser repudiada por quien habla, por supuesto, por nuestra alianza Comunidad Ciudadana y por todo el pueblo boliviano.
El MAS nos está matando, está matando a la democracia, está matando las posibilidades de ejercicio pleno de la libertad y de los derechos. Es imprescindible cambiar esta situación. Es imprescindible decirle no al autoritarismo que se está estableciendo ya muy parecido a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Bolivia alerta roja no a esta prórroga inconstitucional. La Carta Magna es muy clara. El día 2 de enero todos y cada uno de los magistrados que están en funciones en este momento deben irse a su casa y debemos dar una respuesta a través del Poder Legislativo para que no haya ningún vacío en el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede seguir en manos de quienes están llevando adelante este desastre inaceptable”.
Eduardo Rodríguez: Fallo debilita la democracia
«Declaración Constitucional 049/23 que atiende consulta s. PL 144/22-23 sobre elecciones judiciales resulta ilegítima e inconstitucional. TCP no veló por la supremacía de la Constitución en control de constitucionalidad al demorar injustificadamente la atención de recursos y consultas que suspendieron el oportuno ejercicio de la función legislativa.
No aseguró vigencia de Derechos y Garantías Fundamentales al coartar el derecho ciudadano de conformar el órgano judicial y al restringir la obligación del Estado de asegurar una justicia imparcial para ejercicio de derechos y libertades.
TCP excedió su competencia al “disponer” prórroga de su propio mandato, expresamente limitado por la Constitución que sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones fuera de la ley. Tampoco repararon en advertir que sus intereses entraron en conflicto, prohibición prevista por la CPE. Sombrío precedente, desconoce al constituyente y debilita la democracia».
Órgano Judicial respalda la decisión
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, afirmó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al declarar inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, garantizó el derecho de los bolivianos con la continuidad de los servicios en los altos tribunales del Estado a partir de enero de 2024.
“Consideramos que (el TCP) resguarda la Constitución y hace respetar la misma y todo su contenido”, dijo en una conferencia de prensa ofrecida en Sucre minutos después de conocerse la resolución del TCP sobre la consulta realizada en septiembre por el TSJ.
Justificó la presentación de este recurso indicando que el TCP era “la única instancia que podía dilucidar el futuro respecto al vacío de poder que se avecinaba a partir del 2 de enero”.
Torres cuestionó que el proyecto de ley “vulneraba varios derechos como el acceso a la justicia” y pretendía “generar una vacancia y un vacío de poder encargando al personal subalterno que se haga cargo de la transición hasta que se hagan las elecciones judiciales”.
Con la resolución emitida este martes, el Presidente del TSJ considera que el TCP muestra que “se va a respetar primero lo que decidió el ciudadano” y que la única vía para acceder a los máximos cargos del Órgano Judicial es por “elección y decisión del soberano”.
Como antecedente, recordó que el TCP, en anteriores ocasiones, determinó la ampliación del mandato de asambleístas, alcaldes y prefectos, en 2009, y la penúltima vez, en 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez, cuando se extendió el de asambleístas, alcaldes, gobernadores y del propio presidente de Estado.
Por su parte, los magistrados del Tribunal Agroambiental (TA) consideraron que la ampliación del mandato dispuesta por el TCP evitará la ruptura institucional y un vacío de poder en los altos tribunales y garantiza el servicio de la justicia agroambiental.
Tras conocer la declaración del TCP, en atención a la consulta de constitucionalidad del TSJ sobre el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, la presidenta del TA, Tereza Garrón, se presentó la tarde de este martes en una conferencia de prensa junto con sus colegas Rufo Nivardo Vásquez y Gregorio Aro. Respaldaron la decisión asumida ayer al indicar que, de lo contrario, se hubiera dispuesto la suspensión de las labores y se habría limitado y menoscabado el ejercicio pleno de las atribuciones y competencias de esta instancia.
“La prórroga dispuesta evita la ruptura institucional y la generación de un vacío de poder que son contrarios al Estado Constitucional de Derecho”, señala una parte del pronunciamiento de los magistrados del TA.
Postura de Icach
El Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach) expresó su rechazo y cuestionamiento a la declaración del TCP que amplía el mandato a las actuales altas autoridades del Órgano Judicial y del Constitucional al considerarla un “atropello” a la Constitución Política del Estado, que limita la reelección de los magistrados (Art. 183.I), establece un periodo de seis años y dispone que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen, así como los de quienes ejercen jurisdicción o potestad no emanada de la ley.
En un pronunciamiento emitido este martes, califica de “sumamente controversial y cuestionable” lo ocurrido ayer.
Según el Icach, posiblemente no se podrá encontrar una concertación y consenso en la Asamblea Legislativa para garantizar las elecciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP.
TCP no da plazos
La jurista independiente Kathia Saucedo observó que el TCP no le haya dado un plazo a la Asamblea Legislativa para aprobar la ley de convocatoria a elecciones y proceder con la preselección de candidatos. “Eso es un peligro porque esto puede prorrogarse de manera infinita, no sabemos hasta cuándo”, sostuvo.
Ratificó su posición de que la prórroga de mandato es inconstitucional, porque se actúa sin competencia el momento en que termina el periodo de funciones, el tiempo que le asigna la Constitución.
“No hay una sola norma que permita ampliar el plazo de quienes ejercen funciones, no hay una posibilidad constitucional de hacerlo, el momento en que se cumple el periodo designado para un determinado cargo lo que tiene que hacer (la autoridad) es levantarse del escritorio e irse, la prórroga es inconstitucional, lo que hizo el TCP es inaplicar la Constitución y no puede”, afirmó.
“Evistas” y oposición rechazan prórroga
Los parlamentarios de la oposición y los del ala “evista” del MAS que participaron de la reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, rechazaron la prórroga del mandato de las autoridades judiciales y anunciaron un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP.
Al término del encuentro convocado en la Vicepresidencia del Estado, el senador de Creemos Henry Montero denunció que, en la reunión, los parlamentarios masistas no pudieron demostrar desde el punto de vista constitucional la decisión de los magistrados de “autoprorrogarse”.
“No tuvieron los pantalones para decir ‘sí, hagamos un acuerdo y un juicio de responsabilidades entre las tres fuerzas políticas’ que estábamos sentadas. Estuvimos de acuerdo que lo que hicieron no está de acuerdo con la Constitución, pero el momento de asumir una responsabilidad ante el pueblo boliviano no tuvieron los pantalones, dicen que ‘van a consultar’ a las bases”, dijo Montero.
Advirtió que el masismo va a seguir “boicoteando” este tema porque no le interesa que haya elecciones judiciales. “Es así que vamos a continuar nuestras reuniones, como oposición, para tomar posiciones más radicales. Antes de hablar de elecciones, tenemos que hablar primero de la ley, la ley que hay que elaborar y sobre todo las observaciones que tiene esta ley”, anunció.
Montero sostuvo que se puede trabajar por tiempo y materia para aprobar una ley de elecciones; no obstante, alertó que es posible que los magistrados vuelvan a buscar “el pelo en la leche” y saquen otro argumento para “declarar inconstitucional y seguir prorrogándose”.
Desde la bancada de Comunidad Ciudadana también señalaron que analizan la posibilidad de un juicio de responsabilidades y ratificaron que se llegó a un acuerdo para volver a analizar la ley de elecciones judiciales a discutirse nuevamente en la Asamblea.
Mientras que el jefe de la bancada del MAS en Senadores, Hilarión Mamani (ala evista), dijo que el 2 de enero concluye el mandato de los actuales magistrados y, por eso, deben irse a sus casas. También apuntó a un juicio de responsabilidades, así como a ampliar la acusación por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
“No se puede autoprorrogar, el país necesita una justicia oportuna y sin consorcios de abogados”, manifestó al asegurar que no se puede hablar de vacío de poder porque la parte administrativa continuará trabajando.
Ceballos: La manera de “cruzar” al TCP
Para Orlando Ceballos, exmagistrado del TCP y abogado de Evo Morales, la única manera de “cruzar” la determinación de los tribunos es a través de una ley corta de designación de autoridades transitorias, sancionada en la Asamblea Legislativa por dos tercios de votos en los próximos días.
“A partir del 3 de enero vamos a tener tribunales de justicia y TCP prestos a cumplir las determinaciones de Iván Lima; vamos a tener un Órgano Judicial manso y sumiso, un Órgano Judicial que pasa a una función de cogobernante de un gobierno que no partido político y no tiene brazo parlamentario suficiente para la creación de los consensos necesarios que requiere el Gobierno”, declaró.
“Esta sentencia ya ha sido notificada al TSJ. Obviamente, estos magistrados están haciendo fiesta, están saltando de una pata de alegría porque eso fue el acuerdo con el ministro Lima: ‘Ustedes hacen la consulta y les vamos a garantizar que el TCP les amplíe el mandato’”, denunció Ceballos.
LEY CORTA DE DESIGNACIÓN
En criterio del exmagistrado hoy político del ala “evista” del MAS, una vez notificada con la declaración constitucional, la Asamblea Legislativa tendrá que demostrar si tiene la capacidad de sancionar una ley corta y que para el efecto tendría los tres días hábiles de esta semana o los cinco de la siguiente.
“Únicamente con la sanción de una ley corta, que obligue a todas las fuerzas políticas a designar magistrados transitorios por consenso y dos tercios, es la única posibilidad de frenar y cruzar lo que el TCP, a título de dimensionamiento, acaba de cometer”, sostuvo.
“El TCP es un instrumento de Iván Lima, la Sala Plena del TCP es una vergüenza nacional; son ‘muchachos’ al servicio de Iván Lima, eso es lo que son”, sentenció.
Evo Morales: Prórroga de magistrados es ilegal y de facto
«La prórroga de mandatos de máximas autoridades judiciales y del TCP mediante una sentencia constitucional es un atentado a la democracia y al voto del pueblo. La sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional decidió, por unanimidad, mediante una supuesta interpretación del proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales auto- prorrogarse en sus funciones hasta que hayan elecciones judiciales.
A partir del 2 de enero tendremos un órgano Judicial y TCP de facto, por ser una prórroga ilegal y contraria a la Constitución. El pueblo juzgará y recordará en la historia que el verdadero responsable de esta desinstitucionalización del Estado es el Gobierno Nacional, que paralizó la convocatoria a elecciones judiciales, en la Cámara de Diputados, luego de que ésta fuera aprobada y enviada por el Senado Nacional, incumpliendo su mandato y las recomendaciones de organismos internacionales. Siendo susceptible de acciones judiciales y juicios de responsabilidades.
Con esto el Gobierno Nacional pretende blindarse ante cualquier controversia constitucional que pueda existir en torno al Censo 2024.
Esto es una muestra del fracaso del Gobierno Nacional en la elección popular de estas autoridades y de una real transformación de la justicia con el objetivo de proscribir al MAS-IPSP y encubrir la corrupción».
REACCIONES
Andrónico Rodríguez
PRESIDENTE SENADO
Es increíble que en Bolivia, quienes debieran ser los guardianes del mandato y cumplimiento de la Constitución Política del Estado, hoy vulneren y pretendan beneficiarse con sus propios fallos”
Israel Huaytari
PRESIDENTE diPUTADOS
¿Cómo podemos enviar a consulta (el proyecto de ley)? fue un error garrafal de los que decidieron mandar esta consulta. Bueno, las cosas están hechas, lo que debemos hacer es reunirnos, analizar y dar cierta solución a este problema”
Roberto de la Cruz
ABOGADO
La salida es la prórroga excepcional de mandato de las autoridades por un tiempo perentorio, pero no más de un año, hasta que se elijan y se posesionen a nuevos magistrados, esto en mérito a la declaración tal como se hizo con los legisladores y ejecutivos del 15 de enero de 2020”
Carlos Alarcón
DIPUTADO CC
Prórrogazo, decisión prevaricadora e inicua del TCP, a días de vencimiento de su mandato, flagrantemente inconstitucional, ejecutora del plan del Gobierno de Arce, para implantar la dictadura gubernativa judicial. Seguirán saboteando toda elección”
Héctor Arce
DIPUTADO MAS
Esto no es una autodefinición de parte de miembros del TCP. Esto es con la mano negra de Iván Lima, por instrucción de Lucho Arce. El gobierno es tan cínico pero tan cínico que los ha utilizado a magistrados para instrumentalizarlos y puedan emitir esta resolución”
Bunker
TERCERA REPÚBLICA
Bunker Tercera República presentará una denuncia contra la Asamblea Legislativa Plurinacional por incumplimiento de deberes, debido a las elecciones judiciales. La convocatoria para que militantes y dirigentes de B3R es en La Paz este miércoles a las 10.30 en la Fiscalía Departamental.
